Por: Alfonso Otoya, Director de la Fundación Restrepo Barco.
En Colombia, el problema de las minas antipersonal sigue generando víctimas. Desde la década de los ochenta se tienen indicios de la existencia de minas antipersonal en el territorio colombiano y el país ha vivido este terrible flagelo que ha dejado 11.828 víctimas, de las cuales 1.216 son menores de edad. Durante los últimos años los diferentes gobiernos, con el apoyo de la comunidad internacional y de ONG, han realizado grandes esfuerzos para desminar el territorio. Gracias a ello, se ha logrado declarar 391 municipios sin sospecha de minas.
Sin embargo, el problema persiste, e incluso se ha agravado porque grupos al margen de la ley han vuelto a contaminar el territorio. De hecho, las víctimas por minas antipersonal pasaron de 57 en 2017 (su nivel más bajo) a 108 en el 2019. Es importante igualmente mencionar que el perfil de las víctimas en estos últimos tres años también se ha modificado, pasando de ser para los años anteriores al 2017 en su mayoría personas de las Fuerzas Militares, a ser personas civiles para los años posteriores.
Durante el 2019 se presentaron 9 menores de edad víctimas de minas antipersonal o munición sin explosionar. De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en lo corrido de este año, al 31 de marzo, 37 personas han sido víctimas de estos artefactos explosivos.
Esta tragedia afecta gravemente a niñas, niños y adolescentes. El pasado 8 de marzo se presentaron dos víctimas fatales, una niña de 12 años y un joven de 17, quienes murieron por culpa de una mina antipersonal en el resguardo indígena Murrí Pantano, en Frontino (Antioquia). A este panorama se suma que el 20 de abril, medios de comunicación reportaron un muerto y dos heridos por la activación de un campo minado.
No nos podemos permitir como sociedad que los distintos grupos armados continúen infectando el territorio con este tipo de artefactos. El costo que como sociedad pagamos por tener nuestro territorio contaminado con estos objetos es altísimo y si le damos la espalda a las comunidades que sufren este flagelo solo estaremos ampliando brechas de desigualdad, así como negándoles la posibilidad de superar sus situaciones de vulnerabilidad. Una comunidad que vive en medio de un territorio contaminado por minas antipersonal o munición sin explosionar, es una comunidad que vive en medio del miedo, que realiza sus desplazamientos con zozobra y que envía a sus niños a estudiar en medio de la incertidumbre de si los volverá a ver sanos y salvos.
Debemos apoyar y reconocer la labor de desminado que adelantan las autoridades. Pero eso no es suficiente. Debemos educarnos todos en el riesgo que las minas antipersonal, las trampas explosivas y las municiones sin explosionar representan, y asumir los comportamientos seguros que nos permitan evitar el riesgo de accidentes.
Desde la Fundación Antonio Restrepo Barco, junto con USAID, Discovery y Computadores para Educar, decidimos aportar nuestro grano de arena y creamos la alianza Pasos Seguros, que busca educar para la prevención de accidentes por estos artefactos explosivos, a través de herramientas pedagógicas modernas, interactivas y con un trabajo directo con las comunidades, autoridades locales y establecimientos educativos.
Fuente: El Colombiano
